Los cárteles mexicanos: el nuevo enemigo terrorista de Trump

Por: Carolina Alonso Romei / Quehacer Político

A finales del mes de noviembre de 2019 un lamentable suceso tuvo lugar en el estado de Sonora, donde por una “confusión”, asesinaron a nueve integrantes, mujeres y menores de edad, de una familia mexico-estadounidense, los Le Barón. A raíz de este hecho el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, pidió a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que le declare la guerra a los cárteles de la droga, y ofreció su ayuda para “combatir a esos monstruos”, la cual fue agradecida, pero totalmente rechazada.

Unos días después de este hecho, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su gobierno se encontraba trabajando para lograr establecer que cárteles mexicanos de la droga como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, La Familia, Tijuana, Juárez y Los Zetas dejen de ser considerados organizaciones criminales, y en cambio sean designados en su país como grupos terroristas. La idea no es nueva: ya en el pasado algunos políticos, y un par de especialistas lo habían sugerido, pues consideraban que los niveles de violencia que han alcanzado estos grupos delictivos son cada vez más altos, por lo que solicitaban una medida como esta para poder contrarrestar sus efectos.

Pero, ¿qué pasaría en realidad si el presidente Trump cumpliera su objetivo y los cárteles mexicanos fueran designados como terroristas? Una de las primeras consecuencias que tendría este acto sería la extensión de la acusación del delito de tráfico de drogas, en donde los vendedores locales (conocidos como narcomenudistas), e incluso los clientes, podrían ser perseguidos y acusados por apoyar hechos relacionados no sólo con el tráfico de drogas, sino directamente con actividades terroristas. Esta situación supone algo ridículo, ya que cualquier persona que haya interactuado en lo más mínimo (asesorarlos, trabajar con ellos, darles cualquier cosa) con algún traficante de drogas, podría ser acusado de terrorista.

Esta decisión, por una parte, facilitaría procesar a varias de las personas involucradas en ese “negocio”, lo que permitiría establecer sanciones más largas y severas. Pero por el otro, se afectaría al último eslabón de la cadena, la persona que menos implicación tiene, quien pasaría a convertirse en el blanco más sencillo de desmantelar. A su vez, funcionaría como incentivo para los fiscales federales puesto que, al capturar o acusar terroristas, para ellos reflejaría un reconocimiento mayor y un prestigio adicional en su cargo, por lo que estarían enfocados en buscar, y, sobre todo, encontrar, terroristas.

La consecuencia más “temida” por el gobierno mexicano es el hecho de que, al ser considerados como terroristas los cárteles de nuestro país, estos se convertirían en una prioridad para Estados Unidos, lo que proporcionaría mayor flexibilidad a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo actos que se calificarían como graves violaciones a los derechos de las personas que viven en una democracia. Las autoridades, por tanto, ya no requerirían de una orden para entrar a una propiedad, o para inspeccionar un equipo de cómputo, pues al referirse a terrorismo, la idea es actuar antes de que el ataque tenga lugar.

Esta situación podría derivar en la autorización de operativos unilaterales por parte del gobierno estadounidense, pasando por encima de la soberanía nacional, ya que los cárteles mexicanos dejarían de ser una amenaza a la seguridad y a la salud pública, y se catalogarían como una amenaza a la seguridad nacional. Lo cierto es que Estados Unidos no solo decide si establecer a las organizaciones delictivas del tráfico de drogas mexicanas como terroristas, sino que además tomaría la decisión de qué acciones llevar a cabo, por ejemplo: sanciones financieras, congelamiento de bienes, restricción de tránsito en su territorio, órdenes de búsqueda y captura, etc.

El gobierno del presidente López Obrador ha rechazado enérgicamente designar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, ya que éstos no son motivados por cuestiones políticas, religiosas o ideológicas. En cuestiones pragmáticas, el terrorismo no es violencia que causa terror, sino violencia que se utiliza para causar daños a terceros; pero a pesar de que los traficantes de droga en nuestro país tienen como objetivo principal generar ganancias económicas, los niveles de violencia (decapitaciones en video, cuerpos desmembrados y colgados en vías públicas, seres humanos disueltos en ácido, masacres grupales, etc.) rebasan lo inaudito y son una realidad, debido a lo anterior es necesario tomar acciones a la brevedad.

Esta es la razón más poderosa por la que el gobierno del presidente López Obrador debe tomar cartas en el asunto, y establecer una política severa que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas. Es claro que la estrategia “abrazos, no balazos” es inservible para la realidad que se vive hoy en día en nuestro país, deben existir acciones concretas y penas ejemplares para que la situación comience a controlarse, y la violencia deje de ser un instrumento para que los cárteles hagan lo que quieran sin ninguna consecuencia. Si nuestro mandatario no quiere que ninguna nación intervenga en sus asuntos internos, es hora de ponerse a trabajar en serio y establecer una solución que resuelva el problema de raíz.

Si bien el presidente Donald Trump “detuvo” momentáneamente la inclusión de los grupos criminales mexicanos a la lista de terroristas, debido a una petición de su homónimo mexicano, esto podría no ser así por mucho tiempo. El mandatario estadounidense está enfrentando un proceso de impeachment en su país, además que ya comienza la carrera de cara a las próximas elecciones en noviembre de 2020, con lo cual esta estrategia podría ser un as sobre la manga para salir bien librado de esta trampa política y asegurar así su reelección.

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