Por qué el Ejército quiere regresar a sus cuarteles

Por: Ángel Trejo

DIÁLOGO / COLUMNA
Los militares mexicanos ya no quieren andar liándose a balazos con los narcos y quieren regresar a sus cuarteles.

-Tienen toda la razón, porque sus tareas fundamentales no son las de andar de policías, sino del salvaguardar la seguridad interior con respecto a problemas de otro tipo, no delictivos.

Pero el narco es un problema que ha crecido y amenaza con desestabilizar a gobiernos locales y regionales.

-Es cierto, el narcotráfico ha llegado a ser un problema de seguridad interior grave en algunas entidades y regiones y ha requerido la intervención del ejército federal para ayudar a las policías estatales y municipales, pues algunas de estas además de incompetentes están aliadas con las bandas de la delincuencia mayor, junto con gobernadores y alcaldes. Por ello en algún momento se ha necesitado la participación de los soldados y estos, a final de cuentas, son quienes han tenido que pacificarlas, como ocurrió hace ya algunos años en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua y la línea Matamoros-Reynosa, en Tamaulipas, donde se registraban los índices de violencia delictiva más altos del país. El ejército mexicano es la única entidad estatal que ha podido poner en paz a los narcos, pero lo ha hecho a costa de actuar con base a sus procedimientos naturales como institución de guerra, la violencia física contundente, para la cual está preparado y no para actuar como policía. En esta diferencia de procedimientos está precisamente el problema legal en el que sus jefes instan a los órganos encargados de crear leyes, los poderes Legislativo y Ejecutivo, pues si actúan con obediencia a sus ordenanzas pueden incurrir en la violación de normas civiles y penales. Por ello demandan que las leyes civiles contemplen su actuación de excepción en asuntos de policía civil y penal. Es una demanda prudente, consecuente y justa.

¿Para justificar sus presuntos excesos?

-No para justificarlos, sino para evitarlos y, sobre todo, para obligar a las autoridades gubernamentales (federales, estatales y municipales) y a las judiciales a hacer bien sus trabajos en el combate a la delincuencia común y organizada, pues para muchos de éstos últimos (gobernadores, alcaldes, procuradores de justicia, jefes policiales y jueces) es fácil transar mediante corruptelas con los capos de distintas mafias, pero cuando estas los desbordan y entran en choque por espacios de mercados delictivos, el único recurso que tienen para medio componer las cosas es pedir la intervención del ejército federal para que ponga en paz a los traviesos. El caso más elocuente de este tipo de problemas se dio en Guerrero y el exponente específico fue la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, un crimen masivo en el que puede advertirse la coalición de múltiples intereses económicos, delictivos y aun políticos de nivel local, nacional e internacional a fin de provocar un problema de Estado al gobierno federal mexicano.

¿Qué es lo según tú hubo en el caso Iguala-Ayotzinapa?

-Que un típico o habitual negocio de producción y tráfico de opio guerrerense a Estados Unidos, en el que disputaban dos grupos de narcos locales (Guerreros Unidos y Rojos), uno de estos, coludido con el gobierno municipal de Iguala, con sus policías y probablemente con el gobierno estatal de Guerrero, cometió por accidente, confusión u ordenanza extraña, un crimen masivo extraordinario (la desaparición de los 43 normalistas), que al paso del tiempo, pese a haber habido una aclaración rápida del caso, se convirtió en una bandera de lucha política contra el gobierno nacional mexicano. En ese asunto, por cierto, los grupos de oposición política nacionales e internacionales pretendieron involucrar al Ejército federal en la desaparición de los normalistas, hecho en el que un análisis integral y objetivo del asunto permite colegir una posible injerencia interna muy poderosa o externa igualmente poderosa, incluso la comisión misma del crimen masivo.

Es decir, ¿la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pudo haber sido ordenada para provocar el movimiento nacional e internacional contra el gobierno federal mexicano, no obstante que desde el principio se supo de la responsabilidad de los gobiernos perredistas de Iguala y Guerrero?

-Por supuesto. En la conversión del “crimen de Estado” cometido en Iguala en “crimen de Estado” a nivel nacional, es decir, orientado a culpar al gobierno federal mexicano, operación realizada por un sector de la prensa nacional e internacional (específicamente la de EU), por organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a los derechos humanos y aun por la OEA y la ONU, puede uno sospechar que dicho crimen masivo pudo haber sido pensado para generar un conflicto de interdicción mayor y grave al Estado mexicano. El uso político que se dio posteriormente a este lamentable suceso –sea cual haya sido su verdadero origen- nos permite advertir una posible injerencia externa en su comisión de cabo a rabo.

¿De dónde?

-De donde siempre han llegado los males mayores sufridos por México desde la tercera década del siglo antepasado, incluidos el robo de más de la mitad de su territorio y un centenar intervenciones militares de distinto calado; el azote del narcotráfico, a causa de que allá se consume la tercera parte de las drogas que se producen en el mundo; las pinches películas babosas de Hollywood que ponen en todos lados (televisión, cines, autobuses) y ahora hasta la aparición de un multimillonario semi-analfabeto y loco que quiere ignorarnos como individuos y como nación.

Fotografía tomada de Animal Político

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