El tarifazo y la realidad de los usuarios

Por: María de Jesús Núñez Aguilar

A inicios de año entró en vigor el aumento de un 20% en el costo del pasaje del transporte público del Estado de México. El gobierno estatal, en específico la Secretaría de Movilidad encabezada por Raymundo Ramírez Carbajal y los concesionarios correspondientes, justifican el alza de la tarifa mencionando que dicho incremento se otorgó con la finalidad de que el transporte sea más eficiente, cómodo y seguro, no obstante usuarios de las unidades refutan esta idea.

Empero, ¿por qué es difícil aceptar un incremento en el transporte público y quiénes son los más afectados?

Iniciemos con el tema de seguridad. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad a lo largo del año 2019, en el Estado de México se reportaron 9 mil 575 robos en transporte público, esto sin tomar en cuenta aquellos robos que no fueron reportados, lo que hace que muchos usuarios rebatan el incremento de pasaje ya que se sienten inseguros.

Con relación a la eficacia y comodidad, pasajeros muestran su inconformidad y declaran que el servicio es de mala calidad; que las unidades huelen mal por falta de aseo, que están en mal estado y que en varias ocasiones los choferes les dan mal trato a los usuarios.

A continuación se enuncian algunas declaraciones recabadas de pasajeros frecuentes del transporte público en Toluca:

“En estos años no se ha dado un buen servicio. A los carros no se les da mantenimiento, llegan rayados. En ocasiones los operadores son muy groseros y echan carreras entre ellos” expresó Jacob Martínez estudiante de Arquitectura.

“Las líneas en el transporte público no son aptas en espacio y tiempo; la gente se retrasa por el mal servicio, no hacen las paradas y bajadas en donde corresponde. Si se mejora el servicio estoy de acuerdo en que se incremente el pasaje.” Comentó Sofía Jiménez estudiante de la Licenciatura en Geografía.

En efecto, conocer lo que los usuarios demandan es de suma importancia pues con lo que manifiestan podemos corroborar que el servicio por parte de los operadores y concesionarios del transporte público es ineficiente, por lo que un alza en los costos del servicio es injustificada y absurda.

En contra de lo dicho, el secretario de Movilidad del Estado de México, a través de una entrevista realizada por Milenio, mencionó que para autorizar el incremento del pasaje al transporte público, el gobierno estatal y los concesionarios llegaron a un acuerdo, en dónde se establece que las unidades deben estar renovadas en un 100%; es decir, que estén en buen estado, que se equipen con cámaras, GPS y botones de pánico, así como certificar a todos los operadores, y sacar de circulación aquellos autobuses piratas, otorgando como plazo mínimo un año.

En cuanto a los seis millones de mexiquenses que utilizan día a día este servicio, el aumento representó un golpe a los bolsillos de los usuarios más pobres; si se toma en cuenta la tarifa mínima que consta de 12 pesos y el salario mínimo que oscila entre los 123.22 pesos, el incremento representa un 29.4% de su ingreso diario, solo considerando un pasaje de ida y vuelta.

Es por lo prescrito con anterioridad que estudiantes del Instituto de Estudios de Tlalnepantla, Tecnológico de Coacalco, Instituto de Terapia y Humanidades; estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma de México, y recientemente Asociaciones Civiles como UPREZ, Intégrate Project y GREENPEACE México se han manifestado con la finalidad de que se revoque dicho aumento, demandado alternativas de transporte seguro, digno y sustentable.

Fue en una conferencia de prensa en dónde GREENPEACE México sugirió empezar a ver mejoraras y cambios, por lo que demanda lo siguiente: “establecer corredores estructurados con rutas alimentadoras, carriles exclusivos, estaciones accesibles y un entorno seguro con énfasis en un diseño con perspectiva de género; crear un sistema de tarifas integrado que pueda usarse en los diferentes modos de transporte público y tarifas preferenciales para grupos vulnerables de población”, entre otras cosas más.

En definitiva, para realizar un aumento en el costo del pasaje la Secretaría de Movilidad y los concesionarios tenían que hacer una evaluación a profundidad de las necesidades que los usuarios demandan, así como del entorno en que cada unidad opera, sin embargo, al parecer esto fue irrelevante.

Y bien, si las manifestaciones causan nula respuesta por parte de las autoridades correspondientes para conseguir que el aumento se revoque, se debe tener presente que dentro del acuerdo que se firmó por parte de los interesados, se estableció como plazo mínimo de un año para que cada unidad sea equipada según sus necesidades y que los operadores estén mejor capacitados. Por el momento no queda más que esperar para confirmar si lo acordado se cumple o simplemente resulta una falla más del sistema fracturado al que pertenecemos.

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