El indebido proceso de la justicia

Por: Ángel Trejo

DIÁLOGO / COLUMNA

Debes estar enterado de que la moda de la justicia mexicana es liberar e indemnizar a reconocidos delincuentes que prueban haber sido condenados en juicios en los que no se siguió el debido proceso.

-Sí, estoy al tanto del problema, el cual indigna a la mayoría de las víctimas y sus familiares, quienes se ven sorprendidos por este tipo de resoluciones. Y con toda razón se indignan, porque además de haber sido víctimas de un acto delictivo, lo son también de una acción de justicia fallida por cuenta del Ministerio Público y del juez que operó en esa instancia, para luego volver a serlo de otro acto judicial en el que otra instancia resuelve en favor del victimario. Todo esto en el supuesto de que no haya habido actos corrupción de parte del MP o del juez o magistrado que validó las pruebas del victimario en la revisión del debido proceso. En casos como estos el afectado es varias veces víctima: una de parte del victimario, de dos o tres jueces y del sistema de justicia porque se aplica un sofisticado o sospechoso principio de equidad en el que el victimario puede convertirse en víctima y la víctima un actor absolutamente pasivo e indefenso.

¿Por qué sofisticado y sospechoso?

-Porque en esta práctica judicial la revisión del debido proceso, que en todos casos tendría que practicarse para evitar acciones abusivas contra inocentes, debiera hacerse sin afectar los derechos de la víctima, y en los casos de criminales de probada responsabilidad en los hechos que se les imputan, las investigaciones relacionadas con sus quejas de quebranto a sus derechos humanos tendrían que realizarse mediante un análisis procesal aparte o diferente, a fin de que los agentes del MP y los jueces responsables sean quienes paguen por esos errores y no las víctimas y sus familiares. Es decir, no deben mezclarse investigaciones ni resoluciones sobre dos hechos jurídicos de naturaleza distinta, a fin de que el delincuente pague sus delitos y el funcionario judicial pague sus errores o posibles corruptelas. Parece obvio que con este tipo de acciones judiciales el sistema, además de hallar un medio de liberar a los delincuentes, está protegiendo a sus funcionarios de errores y o de fallos posiblemente corruptos, pues da la casualidad de que los secuestradores, sicarios y narcos que apelan a la revisión del debido proceso disponen de muchos recursos para pagar buenos abogados, comprar jueces y magistrados y aun a comisiones y asociaciones civiles dedicadas a administrar derechos humanos, dejando en total desventaja a las víctimas. ¿Cómo no ocurre lo mismo con los miles de condenados pobres que hay en las cárceles del país, quienes probablemente fueron víctimas de indebidos procesos de justicia, quienes están purgando condenas por delitos menores y quienes, asimismo, no tienen a nadie que los proteja? Es obvio que esta nueva forma de aplicar la justicia está haciendo “pagar a justos por pecadores” y que en ello mucho tienen que ver los pesos o los dólares de los delincuentes.

¿Estamos en el caso de una justicia neoliberal?

-¡Por supuesto! El modelo económico neoliberal gravita en todos los subsistemas del capitalismo, no sólo en los mercados de trabajo y del consumo mediante el acopio monopólico. También pesa en el gobierno federal, en los gobiernos de todos los niveles -¡nunca habíamos tenido tal número de ex gobernadores y ex alcaldes procesados o buscados por robo del erario público!-, en el congreso federal, en los congresos locales, las directivas partidistas, en la procuración y administración y en los medios comunicación, cuyos editores ejercen la libertad de prensa para practicar el amarillismo, la mentira abierta e instruirse como árbitros y jueces de todos los ciudadanos de México, una sospechosa pretensión que necesariamente involucra su asociación con el poder económico de los grandes oligarcas del país.

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