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Criminales ambulantes

Por: Adiel Ivan Ayala Maldonado

“Entre los modos históricos de realizar el intercambio, se encuentran aquellos que no presentan espacios específicos destinados de manera ex profesa por las normas socioculturales y económicas de la sociedad para realizar actos de intercambio, en ellos se enmarca el comercio ambulante (Los vendedores ambulantes en la Ciudad de México. Planteamiento para un modelo econométrico, García, 2003, p.15)” .

El comercio callejero ha tenido un precedente de hace miles de años y, el primero, registrado en la época prehispánica fue el “Tianquiztli”, el cual era la forma de mercadeo de los Aztecas y fue el parteaguas que abrió el recorrido histórico del comercio ambulante. Esta forma de intercambio proveía a la capital Azteca de productos y al mismo tiempo permitía la expansión del mismo.


En la actualidad abundan los denominados “comerciantes ambulantes” por varias razones, sin embargo, la principal causa son los niveles de educación extremadamente bajos, y ante la posibilidad de percibir buenos ingresos y subsidios, resulta más fácil prestar servicios informales con alta demanda laboral, permitiendo el progreso (de alguna manera) a las familias con escasos recursos económicos.



Según la Secretaría de gobierno, la legalidad de este tipo de oficios es otorgado cuando los comerciantes pagan el derecho por uso de espacio a la administración capitalina, lo cual acarrea algunos beneficios, como el acceso a un fondo de pensiones y prestaciones, ingreso al programa de protección social de esquema flexible, entre otros. Cuando dichos comerciantes se niegan a pagar el derecho de uso de espacio, la autoridad se ve obligada a prohibirles la venta ambulante y a sancionar con multas o incluso con cárcel a quien se sorprenda vendiendo sin permiso. Cabe mencionar que las personas que se dedican a esto, tienen que especificar en el permiso el área exacta donde comerciarán, ya que, si salen del límite estipulado en susodicho permiso también podrían ser sancionados. Según las estadísticas dadas a conocer en la página oficial de INEGI, de cada 150 comerciantes ambulantes, 46 son hombres y 104 son mujeres con edades que rondan entre los 50 y los 54 años respectivamente.



En retrospectiva, este tipo de comercio se vuelve un problema social cuando no es legal, ya que no existe un control y mucho menos una competitividad que permita incrementar la calidad de los productos. Esto sin mencionar que la demanda para los comerciantes fijos disminuye y pone en riesgo su patrimonio, ya que al tener que pagar luz, agua, predial y un sinfín de permisos más, la disminución en sus ventas implica un ingreso deficiente y por lo tanto el primer escalón hacia la pobreza.



Lamentablemente, en México, la autoridad es ejercida por personas que, en vez de procurar el bienestar de la sociedad, buscan el bien común y se aprovechan de los más vulnerables. La cultura ambulante ha sido orillada a la ilegalidad en casi todos los casos, puesto que pedir un permiso es excesivamente costoso y en ocasiones hasta sin sentido, ya que incluso trabajar de empleado de alguna fábrica o supermercado genera la misma retribución monetaria. Esta situación no cambiará hasta que nuestros gobernantes, diputados y senadores se den cuenta de que otorgar un permiso no debe ser negocio, debe ser inversión al progreso y bienestar de las familias mexicanas, y por tanto, al desarrollo del país.



“El progreso de un país está en manos del progreso de sus ciudadanos” Anónimo

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